El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es el documento más importante y trascendente de la historia del Perú sobre el conflicto armado interno padecido en las últimas dos décadas de siglo pasado. Este Informe causó un impacto muy importante en los días inmediatos a su entrega aunque, es imperioso señalarlo, durante los tres meses previos, fue objeto de polémicos ataques, de una crítica cargada de prejuicios y mal intencionada. Como ha señalado el psicólogo Jorge Bruce, el Informe Final de la CVR “tiene el mérito del retorno de lo reprimido en el debate nacional”, porque rescata temas presuntamente caídos en el olvido.
El conflicto armado interno se inició en mayo de 1980 por el autodenominado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), que fue acompañado cuatro años después con una perspectiva inicialmente diferenciada por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El conflicto generó una violencia masiva, terror, y causó miles de víctimas fatales, más de 69,000 muertes –22,507 documentadas por la CVR-, en adición a miles de desplazados forzados, personas torturadas, desaparecidas, y pérdidas materiales por miles de millones de soles por la destrucción de la infraestructura productiva y vial, etc.
El encargo que hizo el Estado peruano a la CVR, a diferencia de las experiencias de otras comisiones de la verdad en otros países latinoamericanos, estriba en que gran parte de su mandato cubrió el análisis de la lucha antisubversiva durante la vigencia de gobiernos democráticos y se extendió después del golpe del 2 de abril de 1992 hasta la caída del régimen de Fujimori.
Envueltos en una espiral e violencia y como respuesta a ella, cada titular del gobierno de turno implementó varias estrategias para contrarrestar a los grupos subversivos con la pretensión de asegurar, pero cayendo en el gravísimo error de la abdicación del poder ciudadano a favor del militarismo, en una práctica vuelta de espaldas a la responsabilidad de gobernar por encargo del pueblo soberano. Los estados de excepción fueron la regla, se dictaron leyes llamadas antiterroristas para facilitar la captura de miembros de PCP-SL y MRTA, en cuya aplicación se cometieron muchas injusticias y crearon el escenario para la producción de detenciones arbitrarias y condenas equivocadas de personas inocentes hasta la caída del régimen de Fujmori y Montesinos.
El informe de la CVR despertó el debate porque enjuició el comportamiento de los partidos que siguen siendo hoy casi los mismos actores políticos que los del período del conflicto armado interno. Lo trascendente es que más allá de la polémica, el Perú necesita con urgencia que este informe contribuya a decantar en la conciencia ciudadana una radiografía cabal de su sociedad. Para la CAJ el informe final es una visión objetiva del comportamiento de los actores de nuestro sistema democrático durante ese período.
Después de haber escuchado a los familiares de las víctimas, personas del mundo campesino e indígena excluido, se ha revelado que entre los años 1980 y 2000 hubo más de 69,000 víctimas por la violencia de Sendero Luminoso y por la reacción del Estado peruano. No obstante tomará tiempo para que el país reflexione y madure esta dura lección en su experiencia democrática.
El informe ha recibido opiniones encontradas, tal como ha sucedido con otras comisiones de la verdad en el mundo, porque su resultado apunta, y es muy exigente, a profundizar sobre la necesidad de la ética en la política: hace una evaluación no sólo de la acción asesina de los grupos subversivos o terroristas, sino también de la acción del propio Estado y la ciudadanía. En este aspecto se trata de la primera Comisión de la Verdad que concluye que fueron grupos subversivos los grandes violadores de los derechos humanos sin que por ello se desconozca la responsabilidad de muchos miembros de las fuerzas del orden.
El conflicto armado interno se inició en mayo de 1980 por el autodenominado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), que fue acompañado cuatro años después con una perspectiva inicialmente diferenciada por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El conflicto generó una violencia masiva, terror, y causó miles de víctimas fatales, más de 69,000 muertes –22,507 documentadas por la CVR-, en adición a miles de desplazados forzados, personas torturadas, desaparecidas, y pérdidas materiales por miles de millones de soles por la destrucción de la infraestructura productiva y vial, etc.
El encargo que hizo el Estado peruano a la CVR, a diferencia de las experiencias de otras comisiones de la verdad en otros países latinoamericanos, estriba en que gran parte de su mandato cubrió el análisis de la lucha antisubversiva durante la vigencia de gobiernos democráticos y se extendió después del golpe del 2 de abril de 1992 hasta la caída del régimen de Fujimori.
Envueltos en una espiral e violencia y como respuesta a ella, cada titular del gobierno de turno implementó varias estrategias para contrarrestar a los grupos subversivos con la pretensión de asegurar, pero cayendo en el gravísimo error de la abdicación del poder ciudadano a favor del militarismo, en una práctica vuelta de espaldas a la responsabilidad de gobernar por encargo del pueblo soberano. Los estados de excepción fueron la regla, se dictaron leyes llamadas antiterroristas para facilitar la captura de miembros de PCP-SL y MRTA, en cuya aplicación se cometieron muchas injusticias y crearon el escenario para la producción de detenciones arbitrarias y condenas equivocadas de personas inocentes hasta la caída del régimen de Fujmori y Montesinos.
El informe de la CVR despertó el debate porque enjuició el comportamiento de los partidos que siguen siendo hoy casi los mismos actores políticos que los del período del conflicto armado interno. Lo trascendente es que más allá de la polémica, el Perú necesita con urgencia que este informe contribuya a decantar en la conciencia ciudadana una radiografía cabal de su sociedad. Para la CAJ el informe final es una visión objetiva del comportamiento de los actores de nuestro sistema democrático durante ese período.
Después de haber escuchado a los familiares de las víctimas, personas del mundo campesino e indígena excluido, se ha revelado que entre los años 1980 y 2000 hubo más de 69,000 víctimas por la violencia de Sendero Luminoso y por la reacción del Estado peruano. No obstante tomará tiempo para que el país reflexione y madure esta dura lección en su experiencia democrática.
El informe ha recibido opiniones encontradas, tal como ha sucedido con otras comisiones de la verdad en el mundo, porque su resultado apunta, y es muy exigente, a profundizar sobre la necesidad de la ética en la política: hace una evaluación no sólo de la acción asesina de los grupos subversivos o terroristas, sino también de la acción del propio Estado y la ciudadanía. En este aspecto se trata de la primera Comisión de la Verdad que concluye que fueron grupos subversivos los grandes violadores de los derechos humanos sin que por ello se desconozca la responsabilidad de muchos miembros de las fuerzas del orden.
